Aprueban Reforma de la Salud en primer debate

uego de un debate de poco más de cuatro horas, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó la totalidad del Proyecto de Ley que pretende reformar el sistema de salud en su primer debate. Esto, a pesar de las múltiples advertencias de los gremios, organizaciones, empresarios y académicos que manifestaron, desde el principio, que dicho articulado no recogía las observaciones que habían planteado los conocedores del sector durante las cuatro sesiones de mesas técnicas que instauró el Gobierno el mes pasado. 

«El texto no cambió y no recogieron las observaciones que se hicieron durante las mesas técnicas, tampoco hubo conciliación de textos. Esta nueva propuesta asume la postura del Ministerio de Salud de estatizar el sistema de salud colombiano», le dijo a EL TIEMPO, Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de Los Andes, el día en que radicaron el documento. 

Así las cosas, durante el debate -que no requirió más de tres sesiones- fueron polémicos ciertos artículos que lejos de priorizar a los profesionales de la salud y los usuarios del sistema, continúan generando interrogantes y críticas. 

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que representa a cerca de 50.000 médicos especialistas y profesionales del Talento Humano en Salud (THS) en Colombia, fue de las primeras en manifestar su inconformidad con el desarrollo del debate.

La Acsc expresó su preocupación por el hecho de que, aunque el Gobierno Nacional y varios congresistas han utilizado el argumento de defender los derechos de los trabajadores de la salud en sus discursos, esta postura no se refleja en las disposiciones que se aprobaron con este documento de reforma. 

Por ejemplo, existen contradicciones como el hecho de que el artículo 45 regula la contratación en instituciones de salud estatales, mientras que el artículo 46 propone un régimen especial para los trabajadores de salud de entidades públicas, una paradoja que, parece, pasó inadvertida. 

Por otro lado, se han vuelto a destacar críticas en torno a cómo esta ponencia establece que la determinación del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es competencia exclusiva del Ministerio de Salud, así como el hecho de que el proyecto, limita la libre elección y la portabilidad nacional, principios esenciales del derecho a la salud establecidos en el Artículo 6 de la Ley Estatutaria de Salud.

Además, el Grupo de Acuerdos Fundamentales, compuesto por 22 organizaciones representativas del sector salud con más de 300.000 afiliados, manifestaba que, si bien tanto el proyecto del Gobierno como el texto propuesto para primer debate reconocen la necesidad de nuevos recursos, no se tuvieron en cuenta otras propuestas fundamentales que eran necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del sistema, además de asegurar una atención equitativa y oportuna para los usuarios. 

Existe un consenso sobre el hecho de que es necesario solventar la actual crisis financiera que tiene en problemas al aseguramiento en salud. De ahí que, con relación a los artículos como el 29, 31 y 32, durante el debate se habló sobre la falta de dinero destinado para aseguramiento en salud y que ha sido destinado a la construcción de hospitales, cuya infraestructura -en la mayoría de los casos- está en 0 %. 

Estos puntos, establecen, por ejemplo, la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como puntos principales para la prestación de servicios, promoviendo la accesibilidad y la participación social. El artículo 31 propone una reserva técnica de recursos administrada por la Adres para garantizar la financiación de los servicios de salud de manera directa y el artículo 32 dispone el saneamiento de pasivos de las EPS liquidadas, con prioridad en el pago de deudas a los hospitales públicos y al personal de salud.

No obstante, durante el debate, persiste la duda sobre si realmente será posible tener la infraestructura necesaria para implementar estos centros a largo plazo. 

Por último, otro de los puntos polémicos de la discusión fue la contratación de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud. Sobre este punto, el grupo de Acuerdos Fundamentales destaca que la propuesta plantea centralizar los acuerdos para la contratación de servicios a través de la plataforma que define el Ministerio de Salud. 

Sin embargo, este proceso implica la gestión de cerca de 10,800 instituciones de salud privadas, que agrupan alrededor de 17,000 sedes y suman a los profesionales independientes, alcanzando un total cercano a los 80,000 prestadores, lo que hace inviable una administración centralizada por su complejidad.

El documento establece en el artículo 26 la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), como parte de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). En el artículo 27, se menciona que la organización y conformación de las RIITS estará a cargo de las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, quienes deberán realizar análisis funcionales de red y coordinar con las Gestoras de Salud y Vida autorizadas. De acuerdo con el texto, este proceso se orienta a optimizar y ordenar de manera racional la oferta de servicios de salud en el territorio, priorizando la accesibilidad de la comunidad.