La noche de este martes 9 de septiembre quedó marcada por la violencia en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. Lo que comenzó como una jornada de encuentro ciudadano en el parque principal para seguir el duelo de Eliminatorias entre Colombia y Venezuela, terminó en tragedia: José Dorien Jiménez Salazar, secretario de Gobierno municipal, fue asesinado a tiros en plena plaza pública.
El ataque en medio de la multitud
Testigos relataron que Jiménez compartía con la comunidad el evento deportivo cuando un hombre armado se acercó y disparó en repetidas ocasiones contra él. El funcionario murió en el lugar de los hechos, mientras que otra persona resultó herida en el ataque. El pánico se apoderó de quienes se encontraban en la zona, que rápidamente fue acordonada por la Policía para adelantar el levantamiento y las investigaciones.
Reacciones de rechazo
El crimen generó un amplio repudio en el ámbito político y social. Giovanny Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, expresó su dolor por la muerte de Jiménez y resaltó su compromiso con la construcción de paz territorial:
“La vida es sagrada y debe ser respetada siempre. Rechazamos categóricamente este ataque violento y pedimos a las autoridades esclarecer los hechos”.
La propia URT, en un pronunciamiento institucional, instó a los grupos armados a abandonar la violencia como vía de confrontación y sumarse a los esfuerzos de reconciliación.
Medidas y recompensa
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció varias horas después del crimen. Condenó el asesinato y anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita capturar a los responsables. Además, convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario para este miércoles junto a la Fuerza Pública.
“Este hecho enluta al Valle y no puede quedar en la impunidad. La comunidad debe tener la certeza de que habrá justicia”, afirmó la mandataria.
Un golpe al municipio
La muerte de José Dorien Jiménez representa un duro golpe para la institucionalidad de Pradera, un municipio históricamente afectado por la violencia. Su asesinato reabre el debate sobre las garantías de seguridad para los funcionarios locales que trabajan en territorios marcados por el conflicto.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la comunidad exige justicia y medidas que eviten que hechos como este se repitan en la región.
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