Defensa ordena investigación por presuntos nexos de general del Ejército con disidencias de ‘Calarcá’

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación interna tras conocerse señalamientos que vincularían al general Juan Miguel Huertas, director de Personal del Ejército Nacional, con estructuras disidentes lideradas por alias ‘Calarcá’. La decisión se dio a conocer a través de un comunicado publicado por el jefe de la cartera en su cuenta de X.

Sánchez aseguró que la indagación se adelantará de manera articulada con los organismos de inteligencia, y enfatizó que toda la información requerida por la Fiscalía será entregada sin dilaciones. “El compromiso es absoluto: transparencia, legalidad y defensa de la Constitución. Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública”, sostuvo el ministro.

En su pronunciamiento también se refirió a los jefes disidentes ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, a quienes calificó como “criminales que serán perseguidos hasta ser llevados ante la justicia” por delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico en varios departamentos del país.

Aunque la orden de captura contra ‘Calarcá’ permanece suspendida por la Ley de Paz Total (Ley 2272), Sánchez recordó que, en caso de ser sorprendido en flagrancia, la Fuerza Pública deberá capturarlo de inmediato, tal como lo exige la Constitución.

El anuncio del ministro se produjo horas después de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara nuevos archivos que harían parte de los llamados “documentos secretos de ‘Calarcá’”. Según esa información, los dispositivos electrónicos incautados al disidente el 23 de julio de 2024 —durante un retén militar en Anorí, Antioquia— contendrían comunicaciones que comprometerían a altos funcionarios del Estado.

En esos registros aparecerían presuntos acercamientos de ‘Calarcá’ con el general Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes habrían planteado la creación de una supuesta empresa de seguridad con la que se facilitaría el movimiento de hombres y armas del grupo armado.

Los equipos incautados, cerca de un centenar entre computadores y celulares, permanecen bajo custodia de la Fiscalía. De acuerdo con la investigación periodística, el material lleva más de un año sin ser procesado, pese a la relevancia de los hallazgos que apuntarían a filtraciones de información sensible desde entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades de Inteligencia.