Víctima del conflicto enfrenta trabas por registros irregulares mientras la Unidad refuerza la estrategia antifraude

Adalberto Mangones* reúne los requisitos para recibir su indemnización administrativa como víctima del conflicto armado, pero un obstáculo inesperado ha frenado el proceso: en su declaración aparecen como familiares dos personas que nunca ha visto.

“Mi indemnización está detenida porque figuran dos supuestos parientes que no conozco. No sé quiénes son ni cómo ubicarlos”, relató.

El problema surgió, según dice, luego de seguir el consejo de un tercero que le aseguró que añadir esos nombres aceleraría el trámite. Hoy vive las consecuencias: debe corregir el registro, presentar denuncias y adelantar nuevos procedimientos para recuperar el control sobre su proceso.

Este tipo de situaciones no es aislado. De acuerdo con Gustavo Benjumea Daza, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Cesar y La Guajira, los casos reportados han encendido las alertas institucionales.

“Ya son más de 600 quejas y 200 se han convertido en denuncias penales. Por eso fortalecemos la estrategia ‘Yo tramito sin Tramitadores’ para identificar modalidades fraudulentas y proteger a las víctimas”, señaló Benjumea.

La estrategia fue tema central en una jornada de capacitación realizada en Valledupar, liderada por el Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes de la Unidad para las Víctimas. Al encuentro asistieron la Personería Municipal, el SENA, la Agencia Nacional de Tierras, delegados de la Mesa de Participación de Víctimas, así como representantes de la Alcaldía y la Gobernación del Cesar, entre otras entidades.

Judith Gutiérrez Miranda, integrante de la Mesa de Participación de Víctimas de Valledupar, valoró el espacio formativo:

“Esto está pasando en muchas comunidades. A veces la gente no denuncia por miedo. Yo misma no sabía que podía denunciar, y ahora lo tengo claro”.

Juan Carlos Mora, delegado de la Agencia Nacional de Tierras, también destacó la importancia del trabajo interinstitucional para prevenir delitos que afectan los derechos de quienes esperan reparación:

“Eventos como este permiten anticiparnos al fraude. Nuestro compromiso es acompañar y promover la denuncia cuando haya riesgos”.

Las irregularidades más frecuentes, según los reportes oficiales, incluyen falso testimonio, fraude en el Registro Único de Víctimas, fraude procesal, estafa, falsedad personal y fraude en subvenciones. La Unidad insiste en que cualquier intervención de terceros o información manipulada puede poner en riesgo los derechos de las víctimas.

La entidad reiteró su compromiso de acompañar a la población afectada por el conflicto y de fortalecer todas las acciones que garanticen trámites seguros, transparentes y libres de intermediarios.

*Nombre cambiado para proteger la identidad del afectado.