Condenan a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades Wayúu en La Guajira

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió sentencia condenatoria contra el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, al hallarlo responsable de 117 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas Wayúu y otras poblaciones del departamento de La Guajira.

De acuerdo con la decisión judicial, los delitos fueron perpetrados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, estructura adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó bajo directrices impartidas por los máximos cabecillas del grupo armado ilegal, entre ellos Mancuso.

La Fiscalía General de la Nación documentó un amplio patrón de violencia que incluyó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, hechos de violencia basada en género y otros crímenes que afectaron de manera directa a comunidades indígenas en diferentes zonas de La Guajira.

Uno de los hechos más representativos ocurrió el 10 de octubre de 2003, cuando hombres armados incursionaron en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia. Según el ente acusador, durante varias horas los pobladores fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas, además del saqueo y destrucción de elementos fundamentales de su cultura y sustento, como chinchorros, mochilas y mantas tradicionales.

Asimismo, el fallo recoge el homicidio de dos integrantes del pueblo Wayúu ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia, dentro de la ofensiva armada desplegada por este frente paramilitar.

La investigación estableció que el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 hombres, facilitando la expansión territorial de las AUC hacia zonas estratégicas del norte de La Guajira, incluyendo áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

En su decisión, el Tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades Wayúu asentadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como en Matitas, zona rural de Riohacha.

Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, además de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, la sentencia contempla la pena alternativa de ocho años de prisión, conforme a los beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005, condicionada al cumplimiento de las obligaciones judiciales impuestas.