Corte Constitucional suspendió decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Corte Constitucional suspendió decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

La sala plena de la Corte Constitucional decidió este jueves suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras respaldar la ponencia del magistrado Carlos Camargo con una votación de seis votos a favor y dos en contra.

Con esta determinación, el acto administrativo dejó de tener vigencia mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad, lo que implica que las medidas contenidas en el decreto no podrán aplicarse por ahora.

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la ponencia del magistrado Camargo, asegurando que no estaba sustentada en principios de economía política ni en las lecciones derivadas de la pandemia del covid-19, y defendió la visión del Gobierno sobre la relación entre trabajo, naturaleza y generación de riqueza.

La suspensión del decreto generó reacciones en sectores económicos y jurídicos. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió que la declaratoria de emergencia presentaba un problema constitucional de fondo, al considerar que las causales invocadas por el Gobierno no correspondían a hechos nuevos, inesperados o de gravedad excepcional, como lo exige la Constitución para este tipo de estados de excepción.

Restrepo señaló que el análisis que adelanta la Corte resultó determinante, no solo por el alcance de la emergencia económica, sino también porque el tribunal deberá resolver el incidente de recusación presentado por la Presidencia contra el magistrado Jorge Ibáñez. Al respecto, recordó que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que no existen motivos de recusación cuando las manifestaciones públicas de los magistrados tienen un carácter pedagógico.

En cuanto a los pasos siguientes, el exministro indicó que el Gobierno podría evaluar la expedición de una prórroga por otros 30 días, al tiempo que se preparaba un nuevo decreto, mientras la Corte avanzaba en el estudio definitivo del caso.