Gobierno levanta suspensión general del porte de armas en Colombia
El Gobierno Nacional anunció este martes 8 de septiembre la firma del Decreto 1368, con el que se pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una decisión que el presidente Abelardo De La Espriella presentó como un cambio en la política de seguridad frente a los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
El mandatario aclaró que la medida no significa que cualquier persona pueda portar un arma, pues los permisos y controles de las autoridades continuarán vigentes. Según explicó, lo que cambia es la suspensión general que, durante los últimos años, había convertido la prohibición en la regla.
“Esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”, señaló De La Espriella en su cuenta de X, donde además aseguró que los ciudadanos que cumplan la ley tendrán garantías dentro del marco legal.
La decisión fue acompañada por un cuestionamiento del presidente a las restricciones aplicadas durante años, al considerar que estas terminaron afectando principalmente a quienes cumplen con las normas mientras los grupos criminales continuaron aumentando su capacidad de fuego mediante armas obtenidas ilegalmente.
En ese sentido, De La Espriella entregó cifras de los operativos realizados por la Fuerza Pública. Según el mandatario, entre el primero de enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
Dentro de ese balance, el Gobierno señaló que 980 armas estaban vinculadas a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln. Además, entre las armas incautadas a las disidencias se encontraron 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
El presidente sostuvo que ese armamento representa el verdadero objetivo de la política de seguridad de su Gobierno y aseguró que las operaciones de la Fuerza Pública continuarán dirigidas contra las estructuras ilegales y su capacidad armada.
“Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”, afirmó.
