
En las últimas horas, se conocieron nuevos avances en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado en la localidad de Fontibón, al norte de Bogotá. Según información confirmada por EL TIEMPO, las autoridades han realizado dos allanamientos clave en la capital, en un intento por establecer posibles vínculos del menor de 14 años capturado tras el ataque con estructuras criminales.
Las diligencias judiciales fueron adelantadas por unidades especializadas de la Dijín y la Sijín, y se habrían realizado en viviendas de familiares del menor involucrado. Las pruebas recolectadas están siendo analizadas por equipos de inteligencia, y podrían abrir nuevas líneas de investigación en este caso que ha generado alarma nacional.
Seguridad reforzada en clínica donde permanece el menor
Mientras tanto, un fuerte dispositivo de seguridad rodea el centro médico donde permanece hospitalizado el adolescente señalado de disparar contra el congresista. El menor resultó herido en una pierna tras la reacción de los escoltas de Uribe, quienes respondieron de inmediato al ataque armado.
En el lugar se encuentran cerca de 50 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército, incluyendo unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Militar y agentes de Tránsito. Su misión es garantizar la seguridad del paciente, del personal médico y controlar el acceso al recinto.
Dentro del centro asistencial también hacen presencia al menos 20 funcionarios de entidades estatales, entre ellas la Dijín, Sijín, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y otras entidades judiciales que velan por el cumplimiento de los protocolos establecidos.
Procuraduría y ICBF hacen seguimiento al caso
La Procuraduría General de la Nación ha asumido un rol activo en la vigilancia del proceso, especialmente en lo relacionado con los derechos del menor involucrado. Por instrucción del procurador Gregorio Eljach, la Delegada para los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer está haciendo seguimiento constante al caso.
De manera conjunta con el ICBF, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se han activado las rutas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se iniciaron procesos de restablecimiento de derechos.