$6,8 billones para estudiar gratis: más de 930 mil jóvenes acceden a educación superior sin endeudarse
Las cifras ya no son promesa sino balance. Con una inversión acumulada de $6,8 billones, el Gobierno nacional reportó que más de 930 mil estudiantes han sido beneficiados con la política de gratuidad en educación superior pública, consolidando un modelo que, según el Ejecutivo, evita el endeudamiento juvenil y fortalece directamente a las instituciones oficiales.
El dato que marca la diferencia es el ingreso de 347 mil nuevos estudiantes a programas de pregrado entre 2023 y 2025. Jóvenes que, bajo esquemas anteriores, habrían tenido que recurrir a créditos educativos para financiar su matrícula.
La estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro cambió el enfoque de financiamiento: en lugar de subsidiar la demanda —es decir, entregar créditos o apoyos individuales— se fortaleció la oferta pública mediante recursos directos y permanentes.
En esa línea, universidades estatales, instituciones técnicas y tecnológicas universitarias (ITTU), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y entidades de régimen especial recibieron $3,1 billones adicionales para ampliar cobertura y robustecer su funcionamiento. Para 2026, además, están garantizados $3,2 billones incorporados a la base presupuestal, lo que otorga estabilidad financiera a la gratuidad de más de 950 mil estudiantes.
El Ministerio de Educación comparó este modelo con programas de administraciones pasadas como Ser Pilo Paga y Generación E, que financiaban principalmente educación privada a través de créditos condonables. Según cifras oficiales, esos esquemas representaban altos costos por estudiante y generaban riesgos de endeudamiento cuando no se cumplían los requisitos de condonación.
En contraste, el actual modelo —afirman desde el Gobierno— resulta 5,89 veces menos costoso que el financiamiento desde la demanda y permite llegar a regiones donde históricamente la oferta pública era limitada.
La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 busca ahora blindar el sistema y asegurar la sostenibilidad de la política en el tiempo.
Más allá del debate político, el mensaje central es claro: la educación superior pública avanza hacia un esquema donde el acceso no depende de la capacidad de endeudamiento del estudiante, sino del fortalecimiento estructural de las instituciones del Estado.
