De La Espriella ordena investigar a la Universidad de La Guajira y anuncia nueva delegada ante la institución
La Universidad de La Guajira quedó en el centro de la agenda presidencial luego de que Abelardo De La Espriella anunciara en Riohacha una investigación sobre los manejos administrativos de la institución y pidiera revisar directamente las actuaciones del rector Carlos Arturo Robles.
El anuncio se produjo al cierre de la agenda territorial del mandatario en el departamento, después de un consejo de seguridad y otros encuentros con autoridades locales. De La Espriella aseguró que al Gobierno Nacional llegó información sobre una serie de hechos que calificó de graves y que esos documentos ya fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación para las verificaciones que correspondan.
La revisión estará a cargo del Ministerio de Educación, al que el presidente le pidió establecer con rigor si existen irregularidades en los manejos de la universidad y en las actuaciones de su rector. Hasta ahora, el mandatario no ha detallado públicamente cuáles son los hechos concretos que serán objeto de investigación.
Durante su declaración, De La Espriella también anunció que Maritza León Vanegas será la nueva delegada del Gobierno Nacional ante la Universidad de La Guajira, cargo que implica representación del Ejecutivo en el Consejo Superior de la institución.
El jefe de Estado aprovechó el anuncio para referirse a la autonomía universitaria y sostuvo que esta debe coexistir con los mecanismos de control sobre los recursos públicos. “Autonomía no significa ausencia de controles ni inmunidad frente a la ley”, afirmó.
La Universidad de La Guajira, por su parte, tiene a Carlos Arturo Robles Julio al frente de la rectoría y el Consejo Superior lo reeligió en mayo de 2026 para el periodo 2027-2031. El rector no había emitido pronunciamiento sobre el anuncio presidencial al momento de los reportes consultados.
Por ahora, lo anunciado corresponde a la apertura de una investigación y al traslado de información a la Fiscalía. Será el avance de las actuaciones del Ministerio de Educación y de las autoridades competentes el que determine si las denuncias recibidas por el Gobierno tienen sustento y si existen responsabilidades.
