Ley de Sometimiento ya es una realidad: estas son las penas y condiciones para los integrantes de grupos criminales

La Ley de Sometimiento quedó sancionada este miércoles 4 de noviembre de 2026, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara la iniciativa en la Casa de Nariño. La norma, identificada como Ley 2640 de 2026, establece un nuevo marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales puedan someterse a la justicia bajo condiciones específicas, sin que esto implique reconocerles estatus político ni abrir mesas de negociación.

La iniciativa había superado su último trámite en el Congreso entre el 3 y el 4 de noviembre. En el Senado recibió 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos positivos y 10 negativos. Esta última corporación acogió el texto aprobado por el Senado, por lo que no fue necesario convocar una conciliación.

Uno de los puntos centrales de la legislación son las rebajas de penas: hasta un 50 % para integrantes de base de las estructuras criminales y hasta un 30 % para quienes hayan ocupado posiciones de mando. Estos beneficios no serán automáticos, pues estarán sujetos al cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley y a los aportes que los sometidos hagan a la justicia.

Entre las condiciones se encuentran la entrega de armas y bienes obtenidos ilegalmente, la entrega de información sobre el funcionamiento de las organizaciones y la colaboración para esclarecer los delitos cometidos. También se incluyen compromisos relacionados con la liberación de personas secuestradas, la protección de menores reclutados y la reparación de las víctimas.

Para los cabecillas, la norma establece un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad. Además, el sometimiento no significa que se suspendan automáticamente las órdenes de captura o las solicitudes de extradición. Las penas deberán cumplirse en establecimientos administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La sanción presidencial completa el trámite legislativo de la iniciativa, que modifica y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. El siguiente paso es su publicación en el Diario Oficial, requisito que permitirá establecer su entrada en vigor conforme a las disposiciones del texto aprobado.

Con esta legislación, el Gobierno busca establecer una ruta jurídica para el sometimiento de organizaciones criminales, bajo compromisos verificables y beneficios condicionados. Su alcance dependerá de la aplicación de la norma y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.