Alcaldes de la región Caribe sientan precedente frente a altos costos de energía

Alcaldes de la región Caribe sientan precedente frente a altos costos de energía

En una cumbre realizada en la ciudad de Barranquilla, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, junto a mandatarios de las principales capitales de la región caribe, analizaron la problemática derivada de las altas tarifas del servicio de energía y elaboraron un documento solicitándole al próximo Presidente de Colombia tomar cartas en el asunto.

Los alcaldes de Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo y Riohacha pidieron al gobierno mayor asumir la financiación necesaria para que las tarifas regresen a los niveles de hace un año, cuando no habían empezado los incrementos exhorbitantes que hoy padecen los hogares caribeños.

«Consideramos que una solución viable es la creación de un Fondo Regional de Estabilización de Precios que, con recursos públicos, compense de manera directa los incrementos de los costos de la energía, para lo cual también convocamos al Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio”, arguyó Castro González.

En el documento firmado por los mandatarios se explica que “se trata de una situacion compleja, pues, debido a las altas temperaturas de nuestra región, que naturalmente disparan el consumo energético, el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones tiene un peso desproporcionado en el costo de vida de las familias del Caribe colombiano. La tarifa que hoy asumimos es las más caras del país. Con los aumentos desproporcionados estamos pagando en la región $946,6 (AIR-E) y 924,99 (AFINIA) por kilovatio, en tanto los usuarios de Codensa, en Bogotá, pagan el mismo kilovatio a $638.56”, se lee en la misiva.

Otro parte de la solicitud indica que “el incremento, de hecho, está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2, que representan el 54,4% de la población general, según el DANE, si bien la afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la Costa”.