Colombia reconoce responsabilidad y ofrece excusas por asesinato de Carlos Pizarro
Colombia hizo un reconocimiento histórico. El Estado admitió su responsabilidad por la ejecución extrajudicial del excandidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Un magnicidio que sacudió al país el 26 de abril del año 90. Su hija, María José Pizarro, y otros familiares estuvieron presentes en la ceremonia.
El mea culpa se llevó a cabo en una audiencia en el marco del 191 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Y estuvo a cargo del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés.
Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado
El representante del país aseguró: “Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de protegerlo”.
El asesinato del líder político se dio mientras viajaba en un vuelo comercial de Bogotá hacia Barranquilla, momento en el que Andrés Gutiérrez Uribe, un sicario entrenado por los paramilitares, le disparó. Por este crimen está condenado Jaime Ernesto Gómez Muñoz, ex agente del DAS, quien era uno de sus escoltas. Él fue quien mató a Gutiérrez Uribe, presuntamente para que el caso quedara impune.
Por este entramado criminal, el director de la Agencia de Defensa Jurídica señaló que a Pizarro le fueron vulnerados sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y de asociación, pues los móviles de su homicidio fueron netamente políticos al tratarse de un líder de la oposición, firmante del acuerdo de paz. Su homicidio se suma a otros como el del candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, ese mismo año.
En la audiencia el Estado colombiano también reconoció la falta de garantías jurídicas. El proceso para dar con los responsables del magnicidio sufrió dilaciones, “afectando el derecho a la verdad de los familiares del señor Pizarro”.
Colombia espera que con este reconocimiento de responsabilidad puedan ser reparadas las víctimas, entre ellas María José Pizarro Rodríguez y la actual representante a la Cámara, María del Mar Pizarro García, quienes para la época de los hechos eran niñas que no pudieron ser reconocidas por su padre y a las cuales se les negó su verdadera filiación.
En el acto, el país reafirmó su voluntad para concertar con ellas y los demás familiares otros caminos para su reparación integral y la recuperación de la confianza en la institucionalidad.
