La muerte de un recluso por presunta negligencia de las autoridades para ofrecerle asistencia médica, y el estado agonizante de un joven con cáncer de colon, ha encendido las alarmas del Movimiento Nacional Carcelario, cuyos miembros han emitido un comunicado público, alertando sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia la población reclusa en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, mejor conocida como ‘La Tramacúa’.

También están denunciando traslados y ‘perfilamientos’ arbitrarios por parte del director general del Inpec, Mayor General Mariano Botero Coy, quien está ordenando la reubicación de patios de los internos, según su supuesto

nivel de “peligrosidad”, sin tener en cuenta los criterios recomendados en disposiciones internacionales para la clasificación de internos, que eviten, por ejemplo, el hacinamiento, que en La “Tramacúa” resulta más complejo por las altas temperaturas que oscilan entre los 38 y 40 grados centígrados y que afectan permanentemente todos los espacios físicos del establecimiento, incluidas las celdas.

“Debido a la indolente atención del personal médico adscrito al INPEC, la inoperancia de la empresa prestadora del servicio de salud, Fiduprevisora y las injustificadas demoras en las remisiones hospitalarias de urgencia, se están muriendo los internos o son empujados a agravar sus condiciones de salud hasta llevarlos a estados terminales”, reflejan en el comunicado.

Denuncian los dos últimos casos de los internos José Miguel Castillo Reyes, quien había solicitado insistentemente atención médica por un dolor de la espalda y abdomen por una supuesta caída, lo que requirió el traslado al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde falleció.

A su lado se encontraba el recluso Gabriel Orlando Pérez Regalado, interno del pabellón 3, quien, después de sus desesperadas peticiones fue finalmente llevado al mismo hospital para una cirugía de urgencia. El interno se encontraba con los intestinos obstruidos al momento de la operación y lamentablemente le fue diagnosticado un cáncer de colon con metástasis en fase terminal, explica el Movimiento Nacional Carcelario.

Al respecto, Patricia Obando, defensora de Derechos Humanos de la población Carcelaria, apoya las peticiones de la población privada de la libertad y solicita a las autoridades dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de la población reclusa, en especial, lo referido a la atención de salud.

De igual manera, se solicita a la Fiscalía y a la Procuraduría, iniciar las investigaciones correspondientes, por la omisión en la que hayan podido incurrir los funcionarios públicos del INPEC en cuanto a la prestación del derecho constitucional fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad en este establecimiento penitenciario.

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