Desalojarán a invasores en la urbanización El Porvenir en Valledupar

Desalojarán a invasores en la urbanización El Porvenir en Valledupar

Este lunes se llevará a cabo por parte de la Secretaría de Gobierno municipal el desalojo en las casas ocupadas de forma ilegal en la urbanización El Porvenir, ubicada en el sur de Valledupar. 

La administración se lo comunicó a esta población a través de un documento firmado por la Inspección Primera de Policía Urbana, amparado en la ley 1801 de 2016, y el texto avisa que se ejecutará “la orden de restitución de bienes inmuebles emitida en fecha 4 de agosto de 2022… por presuntos actos perturbatorios por ocupación de hecho en los inmuebles que hacen parte de la urbanización denominada El Porvenir…”.

Este proyecto de vivienda, que es producto de la sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2021, que le ordena a la Alcaldía de Valledupar darle casa a cerca de 800 familias víctimas del conflicto que invadieron predios del mayor Alberto Pimienta Cotes (q.e.p.d.), tiene 758 unidades habitacionales, de las cuales 226 fueron entregadas de forma oficial y 532 están ocupadas ilegalmente.

Sobre esto, Liliana Martínez, quien invadió uno de los predios, dijo que van a esperar qué les dicen y qué harán las autoridades este lunes, porque les preocupa cuál será su destino si son desalojados.

“Hay madres solteras, cabezas de hogar, hay desplazados y muchas personas discapacitadas. La mayoría de los que estamos acá no tenemos para dónde irnos. Algunos pensarán irse. Son muy pocos los que tienen familiares. Yo no tengo para dónde irme. No se cómo hacer”, comentó Martínez.

Desde la semana pasada la Alcaldía de Valledupar anunció que iba a realizar el desalojo tras fallo del Juzgado Séptimo Penal Municipal, que declaró improcedente las tutelas con las que los ocupantes intentaban evitar que este se llevara a cabo.

Cabe recordar que además de estos fallos judiciales, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la alcaldía y a FONVISOCIAL detener la invasión de las casa de El Porvenir, para que se pudiera dar pleno cumplimiento al fallo de tutela T-946 de 2011 proferido por la Corte Constitucional.