Emilio Tapia fue capturado por polémico contrato del MinTIC con Centros Poblados
Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron este lunes en Barranquilla al empresario Emilio Tapia Aldana en el marco de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados.
Tapia, recordado por ser uno de los principales protagonistas en el escándalo del ‘carrusel de la contratación de Bogotá’, fue vinculado con la investigación del contrato que buscaba ampliar la conectividad del Internet en las regiones más alejadas después que su nombre apareciera vinculado con las empresas que se ganaron el billonario contrato y que recibieron 70 mil millones de pesos como anticipo.
Fuentes cercanas confirmaron que Tapia Aldana fue detenido en una clínica de la capital del Atlántico. Su defensa asegura que tenía programada desde hace varias semanas una intervención quirúrgica de alta complejidad.
El contratista oriundo de Sahagún (Córdoba) adquirió hace unos años una representación de la empresa ICM Ingenieros que hizo parte de la Unión Temporal Centros Poblados. La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio ordenes directas para embargar todos los bienes de las empresas que hicieron parte de esta Unión Temporal que se ganó, pese a no cumplir todos los requisitos, el contrato.
La empresa ICM Ingenieros SAS, quien fue creada por Luis Guillermo Meza Barragán y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz -también condenado por el carrusel de la ‘contratación en Bogotá’- ya había estado en la mira de la Fiscalía General por el pago de sobornos para recibir millonarios contratos de obras civiles e infraestructura vial en la capital.
Tapia Aldana habría hecho una serie de movimientos con el fin de evitar que su nombre apareciera en los documentos oficiales como uno de los accionistas de esta empresa. Para esto designó a personas de su entera confianza -entre los cuales se encuentra un familiar y un coronel en retiro- para que lo representaran en dicha sociedad.
El empresario se encontraba en detención domiciliaria cumpliendo otra condena por el delito de lavado de activos relacionado con actividades ilegales dentro del ‘carrusel de contratación’ en la capital de la República.
