Fallo contra Cúcuta por derechos de autor reaviva alerta sobre licencias fraudulentas en conciertos públicos

Bogotá, 24 de junio de 2025. Un reciente fallo judicial contra el municipio de Cúcuta por la ejecución de obras musicales sin autorización válida ha vuelto a encender las alarmas entre alcaldes, empresarios de espectáculos y autoridades culturales del país. El juez concluyó que el concierto realizado violó los derechos de autor, desestimando un paz y salvo emitido por la empresa Dínalo-Upidir, y reconociendo la validez exclusiva de licencias otorgadas por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).
La sentencia obliga al municipio a pagar una suma millonaria como indemnización por el uso no autorizado de obras representadas por Sayco, lo que marca un precedente judicial que podría replicarse en otras regiones donde se presentan casos similares.
“Las autoridades no pueden permitir eventos musicales sin verificar que las licencias provengan de los titulares reales de las obras. Un paz y salvo no siempre garantiza legalidad”, advirtió Ricardo Gómez Durán, director jurídico de Sayco.
El vacío legal que favorece la piratería
Aunque en Colombia existen normativas claras para proteger los derechos de autor, una sentencia de la Corte de 2004 abrió la puerta para que gestores individuales puedan operar, a menudo de forma irregular, licenciando obras sin ser sus verdaderos representantes. Esto ha derivado en una especie de “mercado paralelo” de licencias, en el que algunos gestores cobran por derechos que no les pertenecen.
“El problema no es que existan gestores individuales, sino que muchos actúan como sociedades de gestión colectiva sin serlo, licencian obras ajenas y se quedan con el dinero sin retribuir a los autores”, señala Gómez Durán.
Según Sayco, algunos municipios y empresarios de eventos recurren a estos gestores porque cobran tarifas más bajas, sin saber que ello puede derivar en sanciones legales por omisión o complicidad.
Licencias falsas, confusión legal y perjuicio para los artistas
Uno de los principales factores que permite estas irregularidades es la desinformación. Se ha instalado la creencia de que basta con presentar un paz y salvo, sin importar su origen, para cumplir con la ley en eventos públicos. Sin embargo, no todas las licencias tienen el mismo peso legal.
Mientras Sayco goza de una “legitimación presunta” y puede emitir licencias sin listar cada obra por estar debidamente acreditada como sociedad de gestión colectiva, los gestores individuales están obligados a identificar obra por obra, mostrar contratos y probar la representación legal de los titulares.
“La falta de control facilita el fraude: algunos gestores operan en municipios pequeños, donde desinforman a empresarios y funcionarios mediante emisoras comunitarias o campañas verbales”, alerta Sayco.
Sayco responde con acciones legales y pide intervención del Estado
Ante el crecimiento de esta práctica, Sayco ha emprendido procesos judiciales contra municipios, empresarios y gestores que emiten licencias sin respaldo legal. Ya hay fallos en Norte de Santander, y acciones en curso en Casanare, Huila, Tolima, Guajira y Santander, entre otros.
Además, desde 2018 la entidad ha empezado a aplicar medidas cautelares para suspender eventos que incluyan música protegida sin licencia válida. “No se trata solo del municipio: demandamos también al empresario que paga licencias falsas y al gestor que las emite”, afirma Gómez Durán.
¿Qué se propone para frenar esta problemática?
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, encabezada por Carolina Romero, reconoce que existe un vacío legal que permite estos abusos. La entidad estudia posibles reformas legislativas para imponer controles más estrictos a los gestores individuales que actúan al margen de la ley.
Sayco, por su parte, plantea un proyecto de ley que otorgue exclusividad a las sociedades de gestión colectiva en lo relacionado con la comunicación pública de obras musicales, como ocurre en otros países.
“Es hora de frenar este cáncer que afecta los cimientos del derecho de autor en Colombia. La ley debe proteger a quienes realmente crean la música, no a quienes se lucran de ella sin haber compuesto una sola nota”, concluyó Gómez Durán.