Fiscalía pide detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presunto direccionamiento de contratos en la UNGRD
La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso que investiga un presunto entramado para direccionar millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La petición fue elevada ante la magistrada Alexandra Rosero, durante la audiencia que se realizó tras la imputación de cargos.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, afirmó que la solicitud cumple con los criterios establecidos tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento Penal. “La Fiscalía concurre (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados (…) prevista en el artículo 250 de la Constitución”, sostuvo durante su intervención.
Según el ente acusador, Bonilla y Velasco habrían tenido participación en un plan para mover recursos públicos con el fin de obtener apoyos en el Congreso, especialmente durante los debates de las reformas pensional y de salud. La investigación señala que ambos impulsaron el direccionamiento de 74 proyectos en Invías, por 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones, para un total de 612.237 millones de pesos. De esa cantidad, solo siete convenios lograron concretarse.
La Fiscalía explicó que estas maniobras buscaban fortalecer las mayorías legislativas del Gobierno. En uno de los episodios relatados por la fiscal Patiño, se destaca que el 13 de junio de 2023, el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistió al debate de la reforma pensional y, junto con Marta Peralta, habría acordado priorizar proyectos de interés de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, entre ellos la senadora Berenice Bedoya. También se mencionó que Peralta pidió atender reclamos de otros parlamentarios de la coalición que exigían una mayor participación en la contratación estatal.
A partir de estos elementos, la Fiscalía sostiene que existe un riesgo procesal que justifica la imposición de medida de aseguramiento para los exministros, debido a la gravedad de los hechos atribuidos y a la posible interferencia en el desarrollo de la investigación. La decisión final queda ahora en manos del despacho judicial que evalúa la solicitud.
