JEP realiza en Valledupar audiencia clave sobre ‘falsos positivos’ en el Caribe colombiano

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio este jueves 24 de julio, en Valledupar, a la audiencia pública de verificación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, centrado en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate —conocidos como ‘falsos positivos’— en los departamentos del Cesar y La Guajira.

El proceso involucra a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, quienes reconocieron su responsabilidad en al menos 135 asesinatos cometidos entre 2002 y 2005. La diligencia marca un paso definitivo hacia la imposición de sanciones propias dentro del modelo de justicia transicional que lidera la JEP.

Durante la audiencia, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad verificará que se hayan cumplido las condiciones técnicas y judiciales necesarias para avanzar hacia la sentencia, que contempla sanciones restaurativas de hasta ocho años. La JEP no impone condenas carcelarias tradicionales, sino medidas que buscan reparación simbólica y material a las víctimas y los territorios.

“Por primera vez en la historia de Colombia, las víctimas tienen un rol activo y directo en un proceso judicial de esta magnitud”, destacó el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP.

Entre los comparecientes están exoficiales y exsoldados profesionales, quienes han aportado verdad dentro del proceso. Algunos de los nombres convocados son: mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, sargento primero (r) Efraín Andrade Perea, entre otros.

Las víctimas —individuales y colectivas— también tendrán participación en esta etapa. Entre ellas se encuentran comunidades indígenas como los wiwa y kankuamos, además de grupos afrocolombianos y campesinos.

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, las sanciones se cumplirán en espacios públicos, como barrios o centros comunitarios. “Se trata de transformar el castigo en restauración, reparación y dignificación. Así lo han solicitado las víctimas desde el inicio del proceso”, expresó.

En sus siete años de funcionamiento, la JEP ha imputado a 263 personas como máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales en el país, en lo que constituye uno de los esfuerzos más amplios de esclarecimiento y justicia en el conflicto armado colombiano.