Ministerio de Educación advierte a la UPC sobre reunión irregular del Consejo Superior Universitario
En un enérgico pronunciamiento, el Ministerio de Educación Nacional lanzó una advertencia categórica al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), exigiendo que se abstenga de realizar una reunión extraordinaria sin la presencia de los delegados del Gobierno Nacional.
De acuerdo con el oficio oficial (Radicado No. 2025-EE-286295), la cartera educativa alertó sobre graves irregularidades en la convocatoria a la sesión prevista para el 1 de octubre, la cual habría sido citada sin la participación del Secretario General, del Presidente del Consejo Superior Universitario y de la delegada de la Presidencia de la República. Esta situación, según el Ministerio, constituye una violación a lo establecido en la Ley 30 de 1992 y al Acuerdo 009 de 2016.
El despacho ministerial fue contundente al advertir que cualquier decisión adoptada en ese encuentro podría carecer de validez jurídica y sus responsables se exponen a sanciones, entre ellas multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, además de eventuales investigaciones administrativas y disciplinarias.
La comunicación, firmada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, ordena suspender de inmediato cualquier actuación irregular. “El incumplimiento de este requerimiento dará lugar a sanciones ejemplares”, señala el documento.
La situación abre un nuevo capítulo de polémica en la UPC, que en los últimos años ha estado marcada por cuestionamientos sobre su gobernabilidad y transparencia. La exclusión de los delegados del Gobierno Nacional de las decisiones estratégicas despierta suspicacias sobre posibles intereses ocultos en la institución, lo que refuerza la percepción de un intento de desconocer la normatividad vigente.
Con esta advertencia, el Ministerio de Educación ratifica su papel de vigilancia sobre las universidades públicas y pone bajo la lupa las actuaciones del Consejo Superior Universitario de la UPC, que deberá responder ante la comunidad académica y las autoridades competentes.
