La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre los procesos de elección de los contralores departamental y municipal en el Cesar, al solicitar a la Asamblea Departamental y al Concejo de Valledupar información precisa sobre cada una de las etapas adelantadas.
El órgano de control recordó a ambas corporaciones la obligación de ceñirse a los parámetros definidos en la Resolución 728 de 2019, que regula la manera en que deben ser escogidos estos funcionarios, así como los tiempos y cronogramas que aseguran la continuidad institucional de los cargos.
En su requerimiento, la Procuraduría pidió remitir documentación relacionada con la contratación de las universidades o instituciones educativas que adelantan los procesos, los soportes presupuestales, las convocatorias publicadas y el avance de las fases cumplidas hasta la fecha.
De igual manera, estableció que, a partir de ahora, tanto la Asamblea como el Concejo deberán enviar informes mensuales durante los primeros cinco días de cada mes, en los que se detalle el progreso de las actividades dentro de sus competencias.
La entidad enfatizó que esta actuación hace parte de su función preventiva para salvaguardar la legalidad, el patrimonio público y los derechos ciudadanos. Además, aclaró que la vigilancia sobre los procesos en el Cesar se mantendrá activa en el marco de la Directiva 010 de 2025, que refuerza los lineamientos de transparencia en la selección de contralores y demás servidores públicos de elección corporativa.
About the Author
