Secretario General de la ONU respalda implementación del acuerdo de paz en Colombia
En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en
Colombia, que abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destaca que los avances durante este periodo y el compromiso de las partes con el Acuerdo de Paz, aún en medio de inmensos desafíos, son motivos para el optimismo. Resalta, además, que las acciones de implementación del Acuerdo y las iniciativas de diálogo con distintos grupos armados realizadas por el Gobierno en el marco de su política de “paz total” se refuerzan mutuamente.
“La implementación decidida del Acuerdo Final en todos sus puntos debe seguir siendo el núcleo de este esfuerzo y de nuestro apoyo. Al mismo tiempo, elogio los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance de la paz a través del diálogo”, indica el Secretario General. “La realidad ineludible sobre el terreno en Colombia actualmente es que la consolidación de la paz depende tanto de la implementación integral del Acuerdo como de la capacidad de las autoridades para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo”, agrega.
Este informe es el primero en el que se incluye la verificación de la implementación de la Reforma Rural Integral y del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, de conformidad con la resolución 2673 (2023) del Consejo de Seguridad, aprobada en enero de este año.
Sobre la reforma rural integral, el Secretario General destaca las acciones adoptadas hasta ahora y el compromiso de superar las desigualdades históricas que se encuentran entre las causas del conflicto de Colombia. Señala que la importancia de la reforma rural para el Gobierno se refleja en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que incluye una importante asignación presupuestaria para el punto 1 del Acuerdo (82% del total para la implementación de la paz). De igual forma, registra pasos en la entrega y formalización de tierra orientados a permitir un acceso más equitativo y amplio a la tierra para las poblaciones rurales y afectadas por el conflicto.
En relación con el capítulo étnico, el informe subraya la importancia de sus disposiciones transversales para abordar demandas históricas de comunidades indígenas y afrocolombianas, cuya implementación ha sido comparativamente menor frente a otros puntos del Acuerdo. Recalca el papel asignado a la oficina de la Vicepresidenta de la República para impulsar su implementación y registra, además, las acciones del Gobierno sobre restitución de tierras para comunidades indígenas y afrocolombianas. También llama la atención sobre los retos que siguen enfrentando estas comunidades, entre ellos el de la inseguridad en departamentos como Cauca.
En materia de verificación de la reincorporación, indica que 10.577 de los más de 13.000 excombatientes acreditados (2.570 mujeres) continúan su proceso en más de 600 municipios fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Incluso lo hacen colectivamente en 75 nuevas áreas de reincorporación. Así mismo, el 76% de excombatientes acreditados participa en proyectos productivos colectivos e individuales, muchos de ellos con desafíos de sostenibilidad que podrían resolverse a través de una estrategia conjunta definida por las partes.
En cuanto a la verificación de las garantías de seguridad, el Secretario General insiste en que mejorar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los excombatientes sigue siendo un reto fundamental para la consolidación de la paz.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado 362 asesinatos de excombatientes (11 mujeres, 49 afrocolombianos y 33 indígenas). A pesar de los asesinatos de seis excombatientes de las FARC-EP durante el periodo de este informe (en Arauca, Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Valle del Cauca), este último trimestre fue uno de los menos violentos contra excombatientes desde la dejación de armas en 2017. No obstante, continúan otras formas de violencia en su contra, como amenazas, tentativas de homicidio, desaparición forzada y secuestro. El informe también da cuenta de las amenazas a excombatientes del ETCR de Mesetas, en Meta, y los esfuerzos de emergencia para reforzar seguridad y explorar opciones para su reubicación. Destaca que la Misión de Verificación continúa monitoreando la situación.
