Tribunal suspende decreto del Gobierno que ordenaba traslado masivo de afiliados entre EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional el decreto 0182 del Ministerio de Salud, norma con la que el Gobierno nacional buscaba reorganizar el sistema de aseguramiento y trasladar cerca de 6 millones de afiliados entre diferentes EPS, la mayoría hacia Nueva EPS.

La decisión judicial se produjo tras una acción popular de urgencia presentada por un ciudadano, quien advirtió que la medida podría generar riesgos en la atención médica de millones de usuarios del sistema de salud.

Según el fallo, el tribunal adoptó la medida cautelar con el objetivo de prevenir posibles afectaciones en la prestación del servicio, teniendo en cuenta que el decreto planteaba una reorganización del sistema basada en regiones y número de pacientes.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el traslado de más de 2 millones de afiliados a Nueva EPS en 502 municipios, donde esta entidad quedaría como único asegurador.

El despacho también cuestionó que el decreto no especificaba con claridad qué EPS continuarían operando ni cómo se realizaría el proceso de traslado de los usuarios, lo que podría generar incertidumbre en la red de atención.

En la acción presentada ante la justicia se argumentó que unos 2,6 millones de usuarios serían trasladados obligatoriamente a Nueva EPS, entidad que, según el demandante, enfrenta problemas financieros y operativos, además de registrar un aumento significativo de quejas y acciones de tutela por fallas en la prestación del servicio.

El tribunal advirtió en su decisión que trasladar un gran número de afiliados a una sola entidad sin verificar plenamente su capacidad de atención podría generar un eventual colapso del sistema y afectar la continuidad del servicio.

Asimismo, el fallo señala que el decreto rediseñaba el esquema de aseguramiento con un modelo que podría concentrar la prestación del servicio en pocas EPS, lo que aumentaría la fragilidad del sistema de salud.

Por estas razones, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender la aplicación del decreto hasta que se resuelva de fondo el proceso judicial, evitando así que se materialicen los traslados masivos de afiliados mientras se analiza la legalidad de la medida.