Este lunes, en Valledupar, la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de 475 cartas de indemnización administrativa y 17 de indemnización judicial a población del departamento. En lo corrido de este mes, la dirección territorial ha entregado un total de 935 cartas de indemnización administrativa y 17 más de indemnización judicial por valor de 628 millones de pesos para un total de casi 8.000 millones de pesos.
La Unidad para las Víctimas realizó este lunes la entrega 475 cartas de indemnización administrativa en la ciudad de Valledupar, Cesar, por un valor superior a los 3.560 millones de pesos ($3.561.171.894).
En esta ocasión, se indemnizaron víctimas de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, El Copey, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pailitas, Pelaya, San Diego y La Paz, en Cesar.
Además, se entregaron 17 cartas de indemnización judicial por la Ley de Justicia y Paz por un monto de 628 millones de pesos ($628.462.813) a víctimas de los municipios Aguachica, La Gloria, Tamalameque, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, El Copey, La Jagua de Ibirico y La Paz que suman más de 4.100 millones de pesos ($4.189.634.707) en esta jornada.
El director de la territorial de la Unidad para las Víctimas en Cesar-La Guajira de la Unidad para las Víctimas, Mario Ríos Oñate, aseguró: «Esto es una compensación para todas las víctimas por todo lo que han sufrido durante estos años. Primero por el conflicto y luego por todo este proceso”.
Agregó: “Queremos hacer énfasis en que todos nuestros trámites son gratuitos y les pedimos a ustedes, las víctimas, que nos apoyen para combatir estos actos de corrupción y de fraude, porque nosotros trabajamos para que este dinero les llegue completo a las víctimas. Ahora, también queremos que ustedes usen muy bien este recurso, que le saquen el mejor provecho y que logren transformar sus vidas».
A esto se sumó la voz de Misael Márquez, víctima de desplazamiento, quien recibió su indemnización con la que espera iniciar un emprendimiento familiar que le permita tener un ingreso permanente. «Esta indemnización la vamos a usar con mi familia para montar una tienda y nos ayuda para lograr este objetivo. Agradecemos la labor de la Unidad para las Víctimas que nos ha ayudado a agilizar estos trámites y finalmente hoy la recibimos».
En el espacio, participaron representantes de varias entidades del orden nacional y territorial como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Gobernación del Cesar, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Agencia para el Desarrollo Rural (ADR) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Antes de realizar la entrega de las cartas de indemnización, se presentó a las y los beneficiarios la oferta institucional de las entidades participantes, con el objetivo de que las víctimas conozcan las oportunidades y servicios que brindan estas organizaciones y que están dirigidas especialmente a la población víctima.
Durante el encuentro, los funcionarios de la Unidad para las Víctimas hicieron énfasis en la campaña antifraude que adelanta la entidad para prevenir robos y estafas, recalcando que todos los trámites se hacen directamente con la Unidad, sin tramitadores y son gratuitos.
En lo corrido de este mes, la dirección territorial ha entregado un total de 935 cartas de indemnización administrativa por un valor total de 7.325 millones de pesos (7.325.389.282), distribuidas en los dos departamentos de la siguiente manera: 626 en Cesar por valor de 4.777 millones de pesos (4.777.129.218) y 309 en el departamento de la Guajira por valor de 2.548 millones de pesos (2.548.260.064).
A esto se suman las 17 cartas de indemnización judicial entregadas para alcanzar un valor consolidado de casi 8.000 millones de pesos ($7.953.852.095) en la dirección territorial.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir» con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
