Cinco consejos comunitarios afrocolombianos de los municipios de Chimichagua, Tamalameque, Valledupar y Fonseca se encuentran actualmente en proceso de restitución de más de 600 hectáreas de territorio ancestral, luego de años de despojo y afectaciones por el conflicto armado.
Gracias a la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial en Cesar y La Guajira, se han impulsado acciones judiciales para el restablecimiento de los derechos étnico-territoriales de estas comunidades. Más allá de recuperar la tierra, estos procesos también buscan reivindicar derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales.
Uno de los casos más representativos es el del Consejo Comunitario Roberto Carvajal Medina, ubicado en el corregimiento de Saloa (Chimichagua), donde 220 familias que conforman esta comunidad afrodescendiente reclaman 296 hectáreas. Desde 2024 cuentan con una demanda admitida ante los jueces especializados.
En Tamalameque, el Consejo Comunitario Cienagueros, compuesto por 120 familias de pescadores y trabajadores del campo, también avanza en su demanda para recuperar más de 100 hectáreas perdidas durante el periodo de violencia liderado por el Bloque Caribe de las AUC en los años noventa.
En la zona rural de Valledupar, el Consejo Comunitario Los Cardonales, ubicado en Guacoche y conformado por 280 familias, busca la restitución de 157 hectáreas que fueron arrebatadas durante el conflicto. Esta acción se gestiona con el respaldo de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT.
Por su parte, en Fonseca (La Guajira), dos comunidades afrodescendientes también han iniciado su camino hacia la justicia. El Consejo Comunitario Blas Rosado Urbay, en el corregimiento de Almapoque, integrado por 130 familias, reclama 15 hectáreas de tierra; mientras que el Consejo José Manjarrez Ariza, con 110 familias, busca recuperar seis hectáreas, ambos procesos admitidos desde 2024.
Estos esfuerzos representan un paso fundamental para restituir no solo la propiedad sobre sus territorios, sino también la dignidad de cientos de familias que continúan luchando por sus derechos tras décadas de despojo.
