
El presidente Gustavo Petro declaró este lunes el estado de conmoción interior y emergencia económica debido a la difícil situación de orden público en el Catatumbo.
La región de Norte de Santander es, desde el pasado jueves, epicentro de una sangrienta escalada emprendida por el Eln en medio de su guerra con las disidencias de las Farc por el control del segundo enclave cocalero más grande del país.
“Habla de los otros pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo”, señaló en X .
¿Qué puede hacer el Presidente con esta figura?
De acuerdo con la Constitución, el presidente podrá emitir decretos con fuerza de ley y con el poder de suspender normas vigentes incompatibles con el estado de conmoción, los cuales dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.
Tiene limitantes. Los poderes extraordinarios solo podrán utilizarse para abordar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Además, no podrá afectar la protección de los derechos humanos ni las facultades de otras ramas del poder público, con especial atención a la rama judicial.

Normalmente, la línea de los gobiernos es evitar recurrir a esta medida debido a la sensación de inestabilidad que puede generar. Esta vez, la situación que motivó la decisión fue la disputa territorial entre una facción de las disidencias, las de alias Calarcá, y el Eln en Norte de Santander, que en los últimos días ha dejado un saldo de más de 30 personas asesinadas —según estimaciones de los mandatarios locales, esta cifra podría ascender a 80— y 12 mil más desplazadas de los pueblos y corregimientos afectados por el accionar armado.
¿Qué otorga la figura de emergencia económica?
Con respecto a la emergencia económica, que también fue utilizada por el mandatario para atender esta crisis de violencia, le permite contar con recursos adicionales, a través de nuevos tributos o modificar los existentes, que podrían impactar la realidad regional, dadas las condiciones de pobreza y falta de desarrollo de la región del Catatumbo, unas de las causas estructurales de la situación de orden público que se desató el pasado 17 de enero. Esta medida tiene una vigencia de 30 días, prorrogable hasta un máximo de 90 días en un año.
Con esta declaratoria, «el presidente podría redirigir recursos de otras asignaciones de gasto hacia gastos militares o para la atención humanitaria en el Catatumbo. También permitiría destinar recursos provenientes de asignaciones tributarias específicas para este fin», precisó Restrepo.