Ruge la delincuencia organizada
Por: Alvaro Portilla
La gravedad de la noticia se tergiversó. El más grave de los hechos recientes de Valledupar es la amenaza contra la vida de un funcionario público que tiene la intención de enderezar a EMDUPAR y arrebatárselas a las mafias que amenazan, descarada y públicamente a quien se atreva a ir en contra de sus intereses particulares, esas mismas mafias que se apoderaron de EMDUPAR, la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar.
Pero la muy grave tergiversación de esta noticia es que esta se presentó como la inoperancia de las anteriores intervenciones por parte de la superintendencia de servicios públicos en la ciudad de Cali (EMCALI) y del ESSMAR de Santa Marta.
Gravísimo enfoque noticioso, ético, moral y judicial.
¡No joda! amenazan de muerte al doctor German Ernesto González gerente, interventor de EMDUPAR por tratar de salvar a la única empresa de los vallenatos, esa es la única noticia grave e importante y que amerita una investigación por parte de la fiscalía de manera urgente y el pronunciamiento claro de las máximas autoridades municipales y departamentales y de los órganos de investigación.
El superintendente de servicios públicos es designado por el presidente de la república. Revisemos quienes fueron los presidentes que nombraron a los superintendentes que intervinieron a EMCALI y al ESSMAR. En el 2000 el presidente era el nunca añorado Andrés Pastrana Arango, mientras que la intervención de la superintendencia del ESSMAR fue durante la presidencia del histórico e inolvidable Iván Duque Márquez. La pregunta se resuelve sola, ¿tenían intenciones de resolver el problema de dichas empresas, o tenían la intención irresoluta de cambiar las manos de los administradores por otros que se mostraron igualmente “ineficientes”? (utilizo un eufemismo para no correr el riesgo de ser denunciado por calumnia al buen nombre y prestigio moral de dichos funcionarios).
El excesivo número de trabajadores de EMDUPAR es responsabilidad de los políticos que los nombraron para cumplir cuotas burocráticas, las concesiones sindicales también fueron aprobadas por los políticos que las negociaron (presuntamente con fines clientelistas, ¡vivan los eufemismos!), pero los propios dirigentes sindicales están de acuerdo en renegociar sus prebendas sindicales con el fin último de salvar a EMDUPAR.
Tenemos que contextualizar las verdaderas intenciones de salvar una empresa con los últimos actos de las administraciones anteriores y la actual.
La historia resumida de la empresa de servicios públicos inicia en el año 1974 con la creación de Aquadupar siendo gobernador Manuel German Cuello, luego pasa a ser EMPODUPAR y luego EMDUPAR como es conocida actualmente.
En el año 1999 EMDUPAR obtiene la licencia ambiental para construcción y operación del relleno sanitario.
En el año 2000 durante la alcaldía de Jhonny Pérez Oñate (Presidente Andrés Patrana Arango) EMDUPAR entrega el servicio público de aseo a la empresa Aseo del Norte
En el año 2002 durante la alcaldía de Elias Ochoa Daza (Presidente Alvaro Uribe Vélez) se cede la licencia ambiental a una empresa llamada Aseodupar S.A. que hace parte de una de las cuatro empresas que ganaron la licitación del servicio de aseo que crearon posteriormente la Sociedad Aseo del Norte.
Durante la alcaldía de Ciro Pupo Castro se duplicó el número de trabajadores de EMDUPAR.
Durante la alcaldía de Rubén Carvajal Riveira en el 2008 se desaparecieron 28.000 medidores de agua avaluados en 80.000 millones de pesos.
En el año 2015 durante la alcaldía de Freddys Socarras Reales se otorgan dos concesiones, una de residuos sólidos y otra de aguas residuales. El nefasto contrato de colaboración empresarial No. 77 de 2015 que fue otorgado a la empresa Aqua Asesorías y Consultorías S.A.S. cuyo objeto era la implementación del tratamiento de aguas residuales en Salguero. El otro contrato de colaboración empresarial #065 con UNIÓN TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015 del 24 junio del 2015 cuyo objeto es: Implementación De Tecnologías Para El Aprovechamiento De Residuos Sólidos. Esos contratos aun tienen problemas de ejecución y mantienen en líos legales y económicos a EMDUPAR contrato firmado por 30 años.
En el 2017 siendo alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhia con su gerente Armando Cuello firman el contrato de colaboración empresarial No. 041 de 2017 con RADIAN cuyo objeto es disminuir el índice de agua no contabilizada, aumentar el recaudo y recuperar la cartera, ese contrato elonino ha causado mas de 40.000 millones de pesos.
Esta historia resumida muestra que en los últimos años se ha desmantelado progresivamente a EMDUPAR con el fin de servir intereses comerciales personales donde los respectivos alcaldes dejan mucho que desear y muchos interrogantes, se realizaron contratos muy desventajosas para los intereses del municipio donde las principales víctimas fueron los ciudadanos de todos los estratos sociales.
El origen de la defraudación progresiva de EMDUPAR y todas las empresas de servicios públicos del país está en la ley 142 de 1994 artículo 27.6 que le permite al alcalde de turno escoger al gerente y a la junta directiva, es decir, el alcalde es amo y señor de las empresas públicas de cada ciudad. Ese es el verdadero problema de las empresas de servicios públicos. Ahí es que hay que trabajar desde el congreso de la mano de nuestros Senadores y Representantes a la Cámara, pero por ese lado también estamos jodidos pues no ha habido uno solo en la historia de este departamento que hayan entendido o querido legislar para el pueblo, pues son ellos quienes viven políticamente y ¿económicamente? de ese estado de cosas pues todos sabemos que la legislación colombiana está hecha a la medida de los intereses de los politiqueros.
La historia de la privatización de empresas de servicio público ha demostrado ser nociva para todos los ciudadanos, en todo el mundo, y eso se demuestra con los innumerables artículos y estudios a escala mundial sobre el efecto nocivo en la economía y la calidad de vida de los habitantes donde los servicios públicos han sido privatizados.
En la costa Caribe Barranquilla dió el primer paso en la recuperación de la empresa para los Barranquilleros, Bucaramanga y Medellín son ejemplos que lo público puede ser manejado con criterios corporativos para bien del municipio y sus ciudadanos.
Por primera vez un gobierno cuya prioridad es la defensa de lo social de todos los estratos (EMDUPAR provee agua y alcantarillado, tanto para el estrato 6 como al estrato 1), este gobierno que defiende sinceramente el patrimonio de la comunidad es enseguida atacado y amenazado.
Para que la intervención sea útil se debe blindar de la corrupción política a la empresa, por supuesto, diseñar un gobierno corporativo que garantice la operación, sostenibilidad y crecimiento de la empresa. Eso es vox populi. Pero las propuestas de un “socio comercial” deja todas las puertas abiertas a la privatización de la empresa. La pregunta es ¿no hay profesionales en la ciudad que sepan cómo debe funcionar esta empresa, es indispensable el “socio comercial” o solo debemos diseñar una empresa corporativa con mano de obra vallenata para que esta empresa funcione ?, ¡esa es la solución!, pero para eso se necesita valor y decisión política que no sucumba ante los intereses de los avivatos.
He sido constructor de una empresa de salud cuya operación es muchísimo más compleja y menos lucrativa que la venta del agua (cuyo tratamiento y distribución es muy barata y sin competencias), brindamos un excelente servicio y que es ejemplar en todo el país, todo con mano de obra vallenata y regional.
Como empresario de la salud he demostrado que se pueden hacer grandes empresas en esta ciudad, con nuestra mano de obra, lo que se necesita es darle las oportunidades.
Para finalizar, lo que más indigna, es asumir como normal la amenaza de muerte a un funcionario público, ignorar la gravedad del rugido de los corruptos y bandidos que se niegan a soltar sus garras nauseabundas del patrimonio público. Da tristeza y rabia saber que dicha amenaza convive pacíficamente y con la venia y aparente complicidad del estamento social, político, judicial y editorial de toda esta región.
